En algunos casos, la extradición puede ser denegada si se considera que el individuo enfrentaría un trato inhumano o degradante en el país solicitante, o si existe el aventura de que se le imponga la pena de crimen.
Si bien existe una cooperación internacional muy activa para la represión de los delitos, continúa existiendo la regla de que un Estado está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero, solamente si existe tratado internacional con el Estado requirente o Convención Internacional sobre extradición, de la que ambos estados sean firmantes.
La solicitud de extradición se realiza en forma de suplicatorio dirigido al Ministro de Imparcialidad. Luego, las autoridades del país requerido examinan la petición para demostrar que cumple con los requisitos legales, como la existencia de un tratado de extradición, la naturaleza del delito y las garantíTriunfador de derechos humanos del acusado.
Desde el punto de pinta del Estado castellano, para que proceda la extradición es necesario que se trata de hechos que para las leyes españolas y las del Estado requirente señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de autodeterminación, o de cuatro meses de privación de albedrío, si se alcahuetería del cumplimiento de una condena o medida de seguridad.
En defecto de Tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho escrito o consuetudinario vigente en el departamento a cuya nación se pida la extradición.
Para que se pueda conceder la extradición es necesario que se den una serie de presupuestos, que se dividen en los siguientes tipos:
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No se concede la extradición por delitos políticos, porque estos dejan de serlo al atravesar una frontera. Como ilustra el jurista José Irureta Goyena: “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe Equidad que le ofrezca garantíFigura”.
Cuando la responsabilidad criminal se haya extinguido conforme a la ley españoleaje o del estado solicitante.
Esto implica que la solicitud de extradición debe ser presentada de acuerdo con los procedimientos legales establecidos y que los documentos y pruebas presentados deben ser válidos y verificables.
La extradición es un mecanismo legítimo que permite la entrega de una persona acusada o condenada por un delito en un país, a otro país que lo solicita para juzgarlo o cumplir una condena.
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